En un país, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es considerada un procedimiento de salud pública y, por tanto, está legalizada, y su prestación en los servicios de salud para todas las mujeres está reglamentada. Ahora bien, una joven de 17 años acudió a un centro de salud de este país, solicitando la IVE, dado que su embarazo no fue planificado.
Al respecto, un funcionario del centro médico, escandalizado por la decisión de la joven, le dijo que el procedimiento podría implicar estar varios días hospitalizada y que tendría que pagar una alta suma de dinero para ser atendida, por lo que, dada su condición económica, no podría costear el procedimiento; adicionalmente, le dijo que el procedimiento no podría realizarse sin una autorización de su padre.
Debido a esto, la joven buscó una organización en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la cual le brindó asesoría legal. Finalmente, un juez, que personalmente no estaba a favor de la IVE, falló a favor de la joven y obligó al centro de salud a prestar el servicio de salud y garantizar la confidencialidad de la paciente.
De acuerdo con el contexto, ¿en qué se diferencian la posición asumida por el funcionario del centro médico y la postura del juez?