EVALUACIÓN 10°- 1002

Eudalio Rojas, un joven que acaba de cumplir 18 años desea hacer uso del derecho que tienen los ciuda-

danos colombianos a la objeción de conciencia cuando por razones éticas, religiosas, filosóficas o morales

no se sienten aptos para prestar el servicio militar obligatorio. Eudalio informa a través de un derecho de

petición al Ejército Nacional que, debido a sus profundas creencias religiosas, a él no le es permitido actuar

violentamente ni usar armas y, por tanto, solicita que se inicie el proceso para ser eximido de prestar este

servicio. El Ejército Nacional le responde formalmente que no es posible acceder a su solicitud porque en

este momento se necesita incorporar una gran cantidad de jóvenes como soldados bachilleres y, contra su

voluntad, lo incorpora a una unidad militar en una zona del país.

Teniendo en cuenta los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, ¿Se le

está vulnerando algún derecho a Eudalio?

• No, porque el Estado puede suprimir los derechos cuando amerite hacerlo.

• No, porque el servicio militar es obligatorio y por tanto está por encima del derecho a la libertad de

  conciencia y a la objeción de conciencia.

• Sí, el derecho a la libertad de conciencia porque lo incorporaron al ejército sin que pudiese iniciar el

  proceso de objeción al servicio militar.

• Sí, el derecho a la información porque no atendieron su derecho de petición.

Debido a las inundaciones y deslizamientos producidos durante la temporada invernal que afronta una

población del país, varios ciudadanos de poblaciones aledañas, voluntariamente, organizaron campañas

de recolección de víveres y enseres para ayudar a los damnificados por estos fenómenos naturales. Estos

ciudadanos argumentan que realizan estas acciones porque es un deber constitucional.

¿A cuál de los siguientes deberes establecidos en la Constitución Política de Colombia se refieren estos

ciudadanos?

• Proteger los recursos culturales y naturales del país.

• Obrar conforme al principio de solidaridad social.

• Defender y difundir los derechos humanos.

• Respetar y apoyar a las autoridades.

A un hospital llegó un niño de 13 años enfermo. De acuerdo a la médica cirujana, el niño necesita ser inter-

venido quirúrgicamente y es posible que necesite transfusiones de sangre durante la cirugía. La cirujana les

solicita firmar la autorización para hacer una transfusión en caso de ser necesario, pero sus padres profesan

una religión que prohíbe las transfusiones de sangre.

A la luz de la Constitución Política de Colombia, ¿qué deberían hacer los padres?

• Autorizar la transfusión porque los derechos del médico prevalecen sobre los derechos de los padres.

• Desautorizar la transfusión porque el derecho a profesar una creencia religiosa prevalece sobre los

  demás derechos.

• Desautorizar la transfusión porque el derecho a la libertad de conciencia prevalece sobre el derecho a

  la vida.

• Autorizar la transfusión porque los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos.

El sindicato de maestros de un país organizó un paro como forma de protesta debido a que los maestros no han

recibido, desde hace varios años, un aumento significativo de su salario en los términos en los que previamente

el Gobierno Nacional se había comprometido a cumplir.

Los representantes del Gobierno Nacional afirman que los recursos son limitados, pero tienen toda la

disposición para negociar un salario justo para los maestros, y por ello han decidido crear una comisión

con expertos en presupuesto público. La comisión tendrá un año para fijar el aumento salarial de los

maestros.

¿Cuál es la valoración más probable que harían los representantes del sindicato sobre la decisión del Gobierno?

• Negativa, porque los maestros no participan de la comisión y ya existe un precedente de incumplimiento

  por parte del Gobierno.

• Negativa, porque para los maestros, el Gobierno podría hacer un fuerte incremento salarial y esto afectaría el limitado presupuesto público del país.

• Positiva, porque para los maestros, los expertos garantizarán que sus reivindicaciones económicas

  sean tenidas en cuenta para la fijación del salario.

• Positiva, porque el tiempo definido por el Gobierno se ajusta a los tiempos del paro que desarrolla el

  sindicato de maestros.

Lea atentamente el siguiente fragmento de la Ley de víctimas y restitución de tierras, aprobada por el Congreso en el 2011:

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño (...) como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañeros o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad (...) cuando a esta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecida (...) De la misma manera se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro (...)”.

Puede afirmarse que uno de los propósitos centrales de incluir esta definición de víctimas en el marco de la ley es

• beneficiar con ayudas del Estado a las personas que fueron víctimas de los delitos más graves.

• incluir elementos del derecho internacional sobre víctimas que complementan las leyes nacionales.

• garantizar los derechos de quienes fueron afectados directa o indirectamente por el conflicto.

• diferenciar claramente las víctimas de la guerrilla de las víctimas de los grupos paramilitares.

Lea el siguiente fragmento:

“Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno

y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al ser acusados

abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna

protección efectiva. Así comenzó un proceso de exterminio que se ha prolongado por más de 20 años”.

De los elementos presentados en el fragmento, puede inferirse que este describe

• la situación vivida por los miembros de la Unión Patriótica de genocidio durante varios años en Colombia.

• la situación de inseguridad ocasionada por la ruptura de las conversaciones de paz entre las FARC y el

  Gobierno del expresidente Andrés Pastrana.

• la persecución de líderes y grupos influenciados por ideas comunistas en Colombia, en el contexto de la Guerra Fría

• negociaciones fallidas entre el Gobierno y las guerrillas liberales del Llano durante el Frente Nacional.

Eliminar la corrupción en la política es uno de los principales retos de muchas democracias actuales. En Colombia,

se han adoptado medidas para combatirla, como aplicar fuertes sanciones a los partidos políticos si conceden su

aval a candidatos a los que se les comprueben actos de corrupción. Los avales son las autorizaciones que necesita

una persona para inscribirse como candidato a unas elecciones. Con esta medida, se espera que los partidos

políticos otorguen sus avales de manera estricta y responsable, lo que contribuirá a que más personas honestas

e idóneas se involucren en la política y representen los intereses ciudadanos.

A partir de la anterior información, ¿puede afirmarse que los partidos políticos son importantes para fortalecer

la democracia en Colombia?

• Sí, porque designan a los políticos que aprueban leyes y administran los recursos públicos.

• No, porque la corrupción sigue siendo un problema en todos los países del mundo que cuentan con

  partidos políticos.

• No, porque no tienen las herramientas para atacar los problemas de corrupción en la política.

• Sí, porque controlan qué personas pueden dedicarse a la política y contribuyen a que se disminuya la

  corrupción.

En tres ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones locales. El registrador nacional propone

entonces que, en lugar de que el voto sea secreto (que nadie más pueda saber por quién vota cada persona), se

registre abiertamente el candidato por el que vota cada uno de los ciudadanos. ¿Viola la propuesta del registrador

nacional los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución Política de Colombia?

• No, porque aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos que no obtuvieron la mayoría

  de votos.

• Sí, porque el registrador nacional no ha confirmado todavía si existirá o no con certeza un fraude electoral.

• No, porque es obligación del registrador nacional garantizar que en las elecciones no se presente

  ningún fraude.

• Sí, porque se puede evitar el fraude, pero se hace que los votantes puedan sentirse presionados de

  que se sepa por quién votaron.

El presidente de un país, electo democráticamente, decide que, para facilitar la aprobación de sus propuestas

por el Congreso, va a abolir todos los partidos políticos de oposición.

¿Esta decisión atenta contra la democracia?

• No, porque favorece la aprobación de los planes de gobierno del presidente.

• No, porque fortalece el partido político del presidente electo por votación popular.

• Sí, porque los partidos políticos garantizan la representación de diferentes ideologías.

• Sí, porque los partidos políticos deben respaldar las decisiones del presidente electo.

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, “son fines esenciales del Estado servir

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan

y en la vida económica, política, administrativa y convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,

en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los

deberes sociales del Estado y de los particulares”..

De acuerdo con el artículo anterior, se puede afirmar que en la Constitución de 1991 se aboga por un modelo

de democracia participativa, porque

• el Estado tiene el deber de garantizar que los ciudadanos se beneficien de la prosperidad general.

• se les otorga a los ciudadanos derechos políticos que transcienden la elección de sus representantes.

• el Gobierno tiene el deber constitucional de defender los derechos y libertades de los ciudadanos.

• las autoridades de la República están instituidas para proteger la integridad de las personas.