Procedimiento Administrativo Común

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Procedimiento administrativo común según la Ley 39/2015

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El procedimiento administrativo común es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formales que culminan en un acto administrativo o manifestación de la voluntad de la Administración, garantizando los principios de eficacia y legalidad en todo el territorio.

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Denominación “común” del procedimiento administrativo

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Porque se aplica a todas las Administraciones Públicas y a todas sus actuaciones, aunque puedan existir especialidades procedimentales por razón de la materia o de la organización administrativa.

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Relevancia del art. 149.1.18ª CE respecto al procedimiento administrativo común

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Este artículo atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de “procedimiento administrativo común”, garantizando una base uniforme aplicable en todo el territorio.

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Posibilidad de que una Comunidad Autónoma se aparte de las bases estatales del procedimiento administrativo común

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No, las CCAA pueden establecer especialidades en sus procedimientos, pero no pueden desvirtuar los principios básicos establecidos por la legislación estatal.

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Ejemplo de especialidad procedimental por razón de la materia

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El procedimiento sancionador, que exige la separación entre la fase instructora y la resolutoria, y la notificación detallada de los cargos al inculpado.

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Objetivo de las especialidades procedimentales

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Adaptar el procedimiento a las características de determinadas materias o sectores sin desvirtuar los principios fundamentales comunes: legalidad, eficacia, contradicción y defensa de los interesados.

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Especialidad de la LPACAP en relación con la administración electrónica

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La LPACAP establece la tramitación íntegramente electrónica como regla general: registros electrónicos, notificaciones telemáticas, expedientes electrónicos. Esta especialidad busca agilizar trámites y reforzar la transparencia.

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Finalidad de la tramitación electrónica obligatoria

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Persigue agilizar la gestión administrativa, reducir el uso de papel, garantizar la trazabilidad y reforzar la transparencia y seguridad jurídica en las actuaciones administrativas.

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Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración según el art. 14 LPACAP

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- Personas jurídicas. - Entidades sin personalidad jurídica. - Profesionales colegiados para trámites relacionados con su actividad. - Representantes de interesados obligados electrónicamente. - Empleados públicos en sus actuaciones profesionales.

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Posibilidad de solicitar una licencia urbanística en papel

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Sí, porque la obligación de relación electrónica no se extiende a las personas físicas en general, salvo que opten por medios electrónicos o que la Administración lo establezca en normativa específica.